Destitución de Sessions, arquitecto de política de “tolerancia cero”, es aplaudida por activistas

El fiscal general, Jeff Sessions, arquitecto de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur y uno de los rostros más visibles en el combate a la inmigración ilegal, presentó ayer miércoles su renuncia pero, según activistas, deja un legado que ha golpeado con dureza a la comunidad inmigrante en el país.

Sessions presentó su carta de renuncia por petición del presidente Donald Trump, tras soportar por más de un año numerosos ataques y humillaciones del mandatario sobre su gestión al frente del Departamento de Justicia. Las humillaciones venían desde su cuenta en Twitter, en reuniones del Gabinete, en entrevistas o en persona.

Trump ganó la contienda de 2016 con promesas de construir un muro fronterizo e imponer “mano dura” contra los cruces ilegales en la frontera, para la cual Sessions tuvo un papel predominante.

Sessions, considerado un “halcón” en materia migratoria cuando fue senador por Alabama, fue el primer senador republicano en apoyar la candidatura de Trump cuando otros lo criticaban, y el mandatario premió su lealtad nombrándolo fiscal general.

Una renuncia sin sorpresas
La “renuncia” no causó sorpresas en círculos políticos, debido a las tensas relaciones entre Trump y Sessions desde que éste se recusó en marzo de 2017 de las investigaciones sobre la presunta colusión de la campaña presidencial republicana con Rusia en 2016.

Sessions no quiso parte en la polémica debido a que él jugó un papel activo como asesor en la campaña de Trump durante la contienda presidencial, y tuvo dos reuniones con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak.

La revelación de sus reuniones con Kislyak contradijo sus declaraciones bajo juramento durante sus audiencias de confirmación en el Senado para fiscal general, cuando negó cualquier contacto con autoridades rusas.

En junio de 2017, Sessions explicó que se recusó no porque ha hecho algo indebido sino por un reglamento del Departamento de Justicia que prohíbe participar en investigaciones si hay vínculos con las personas bajo investigación.

Fuente: La Opinión.com

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