Colegio de Abogados concluye que existen las bases para residenciar a Rosselló

El informe que encomendó la Junta Gobierno del Colegio de Abogados a un comité especial de letrados concluyó que “existen bases jurídicas suficientes para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló” .

Los abogados designados a evaluar las 889 páginas del chat de la aplicación de mensajería Telegram que el ejecutivo y su grupo de asesores mantuvieron entre el 30 de noviembre de 2018 y el 20 de enero pasado encontraron que hubo un patrón de conductas y omisiones de parte de Rosselló Nevares que pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación. Así se informó durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede del Colegio de Abogados.

El informe, elaborado por los profesores de derecho, Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta, así como por el expresidente del Colegio, Eduardo Villanueva Muñoz, establece que Rosselló Nevares pudo haber cometido el delito federal y estatal de conspiración por “perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado”. Se detalló que las violaciones están contenidas en el acta federal 18 U.S.C. 241 y en el artículo 244 del Código Penal.

También se encontró que el ejecutivo pudo haber cometido malversación de fondos públicos, cobijado en el artículo 264 del Código Penal. Es que se alega que se usó dinero del erario para un fin no autorizado, como lo es la exaltación de la figura propia del gobernador.

“Es razonable concluir que un chat de largas durante 50 días constituyó un gasto público para adelantar intereses no relacionados con la función gubernamental propiamente, sino con otros intereses políticos y económicos indebidos”, lo cual a su vez puede ser una violación a los artículos 4.2 y 4.7 de la Ley de Ética Gubernamental, destaca el informe.

Asimismo, se encontró que la participación del cabildero y abogado Elías Sánchez en el chat podría constituir violaciones a los artículos 250 y 251 del Código Penal, el cual tipifica el enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injusto, respectivamente. También se destacó que se pudo haber violentado el artículo 252 sobre aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y el artículo 254 sobre intervención indebida en las operaciones del gobierno, todo esto “con plena anuencia del gobernador”, detalla el informe.

Fuente: Primera Hora.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *